Se busca definir que el edificio de Bartolomé Mitre 3060 del barrio de Once, pase a manos del Estado y sea gestionado por organizaciones de victimas y sobrevivientes. Del mismo modo, se pide por el taller de Luis Viale 1269, donde vivían y trabajaban 65 personas en condiciones de explotación laboral y hacinamiento.
El proyecto de ley insta que se proclame de “utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley nº 238, el inmueble” y explica que “la edificación existente expropiada deberá resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad”.
“El inmueble citado, denominado comercialmente “República de Cromañón”, la calle aledaña y el “Santuario” componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por tanto deberán ser protegidos integralmente por el Estado”, pide el texto en su tercer artículo, y destaca que “corresponde al Estado la concreción de la expropiación así como la determinación de la partida presupuestaria para su restauración y mantenimiento; la administración del lugar estará a cargo de familiares y sobrevivientes de Cromañón con independencia del Estado”.
El reclamo se dio durante la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional del Parlamento porteño, donde se congregaron, de manera presencial y virtual, representantes delos familiares de las víctimas y dirigentes de derechos humanos y sindicales.
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
Durante la reunión, Belkys Contino, sobreviviente de Cromañón, pidió a los legisladores “de todos los partidos políticos que pongan en la agenda” las propuestas porque “vamos a seguir luchando, nuestra lucha es inclaudicable”, dijo.
“Seguiremos presentado los proyectos la cantidad de veces que sean necesarias hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y tomen una decisión”, agregó.
Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio del taller textil de Caballito, sumó su reclamo para los diputados por la sanción de los proyectos al señalar que “queremos que se transformen en espacios para la memoria para que las muertes no queden en el olvido”.
“Lo que pasó en Luis Viale no fue una tragedia ni un accidente, sino una masacre patronal”, remarcó.
Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda-Unidad y presidenta de la Comisión Especial, Mercedes de Mendieta, consideró que “expropiar ambos edificios es parte de la lucha contra la impunidad”, y aseguró que “tienen que ser espacios de la memoria porque ambas masacres demuestran una violación a los derechos humanos fundamentales”.
A su turno, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, quien murió en la tragedia del tren de Once en 2012, respaldó las iniciativas abordadas en la reunión, y expresó que “la conformación de los espacios de memoria no es solamente la expropiación, sino una contribución a una sociedad más justa y para entender los daños que genera la corrupción”.
El 30 de diciembre del 2004, unas 194 personas, en su mayoría jóvenes, murieron al quedar atrapadas dentro del local bailable, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado, durante un recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las “habitaciones”, en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
El 30 de marzo del 2006 se desató un incendio en la planta superior por un desperfecto eléctrico y mató a seis personas que no pudieron escapar por el humo: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años. Télam