Un alto consenso por un Estado presente fue registrado: el 82% considera que es una obligación proveer alimentos a los comedores populares. En relación a la propuesta de liberalización de mercados de bienes y servicios esenciales contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases, el 72% consideró que el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar debe ser garantizado por el Estado.
Un reciente estudio de alcance nacional realizado por 15 universidades nacionales públicas indicó que, en contraste con lo propuesto en el proyecto de Ley Bases del gobierno, la mayoría de la población está a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social.
El 81% de la población encuestada de los centros urbanos se pronunció a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera necesaria la intervención estatal en el mercado inmobiliario para poner un tope a los alquileres, el 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86% entiende que la educación de nivel primario y secundario debe ser garantizada por el Estado, y el 83,5% se opone al arancelamiento de las universidades.
El estudio, parte del proyecto “La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase” del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA), se basó en una encuesta probabilística presencial de 1.500 casos a nivel nacional, relevada entre abril y mayo, abarcando a personas de entre 18 y 69 años de edad.
Verónica Maceira, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del PIRC-ESA, comentó que este adelanto de una investigación más amplia sugiere que los consensos relevados contradicen gran parte del debate actual sobre los cambios normativos. La difusión anticipada de los resultados busca advertir a los actores políticos sobre la importancia de estos consensos, especialmente para aquellos comprometidos con una mayor democracia y menor desigualdad social.
En temas laborales, en los que el gobierno propone la desregulación del trabajo, el 83% de los encuestados está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores en negro. En cuanto a temas jubilatorios, en los que se propone desde el Ejecutivo la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes durante su vida activa.