Por presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con un grupo de funcionarios de su cartera, fueron denunciados penalmente. La denuncia fue formulada por el abogado y ex funcionario de Seguridad bonaerense, Leonardo Martínez Herrero, quien apunta a delitos de malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita, dada la cantidad de personas involucradas.
Se apunta también contra Pablo de la Torre, Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo Avetrani, Santiago Anziano, María Luisa Irigoyen y Nicole Tatschke, la mayoría de los cuales han sido separados de sus cargos en Capital Humano. Martínez Herrero, basado en una investigación periodística, reveló una planilla de pagos a ‘contratados’ que facturan a la OEI con fondos públicos, destacando un mecanismo poco transparente de distribución de estos recursos.
La maniobra implicaría la contratación de supuestos profesionales ajenos a las áreas de competencia de la cartera social y una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos, cuyo destino se desconoce, además de manejar una ‘bolsa neta’ y una ‘cajita’ para convertir pesos en dólares. La maniobra involucraría a 18 personas, que no figuran en las bases de datos oficiales del Ministerio ni frecuentan las instalaciones de la dependencia oficial.
Antes de sortear el juzgado para la investigación, Martínez Herrero recusó al juez Ariel Lijo, argumentando su reciente propuesta por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia y su involucración directa en la denuncia.
En respuesta al escándalo por la retención de alimentos sin distribuir, Sandra Pettovello designó a Yanina Nano Lembo, ex funcionaria porteña, como secretaria de Niñez y Familia de su cartera, en reemplazo de Pablo De la Torre. La promoción de Nano Lembo fue aprobada por el presidente Javier Milei, quien sigue de cerca la crisis desatada por la acumulación de toneladas de alimentos retenidos en galpones estatales, lo que derivó en una denuncia judicial por presuntas irregularidades en las contrataciones a través de la OEI.