La Cámara Federal falló a favor de Grabois tras la tensa reunión con Capital Humano
Por orden del juez Sebastián Casanello, se le solicitó al gobierno la elaboración de un plan de distribución inmediata de alimentos almacenados, destinados a comedores populares y merenderos. Dicha medida fue confirmada por la Cámara Federal porteña, que enfatizó la necesidad de atender al tipo, cantidad, fecha de vencimiento y destino de los alimentos. A pesar de haberse establecido un plazo de 72 horas para la elaboración del plan, el gobierno no cumplió con dicho mandato.
En el expediente, se examina la posibilidad de que funcionarios públicos hayan cometido delitos al suspender la entrega de alimentos. La Cámara reivindicó la utilización de herramientas preventivas por parte de Casanello, destinadas a detener o mitigar los efectos del hecho investigado.
Adicionalmente, la Cámara Federal respaldó unánimemente la actuación de Casanello, quien también había ordenado al Ministerio de Capital Humano informar sobre el stock de alimentos y su cronograma de entrega. Se consideraron sanciones contra funcionarios por no respetar la orden judicial, y se destacó la falta de contribución a la solución del caso durante una audiencia particularmente tensa.
En sus fallos, los jueces del tribunal de alzada recalcaron que el rol del poder judicial es fundamental en la protección de los derechos básicos y el respeto por la ley, enfatizando que cualquier desobediencia a sus órdenes podría constituir un delito. Además, resaltaron la importancia de no invadir competencias del Poder Ejecutivo, sino de asegurar que se cumpla con la distribución adecuada de los recursos alimentarios a las comunidades más vulnerables.