El Paseo Gigena, una de las obras más emblemáticas y costosas del barrio de Palermo, se ha convertido en un símbolo de las puertas giratorias entre el sector público y el privado, mostrando cómo las decisiones gubernamentales parecen estar guiadas más por intereses particulares que por el bienestar de la comunidad. La reciente incorporación de Martín Maccarone, uno de los constructores del Paseo Gigena, al gobierno nacional como secretario de Estado encargado de transporte y obras públicas es el ejemplo más evidente de cómo el poder económico y político se concentran en pocas manos.
El proyecto del Paseo Gigena fue financiado principalmente por un fideicomiso armado por la consultora Anker, propiedad de Luis Caputo, actual ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Aunque la consultora fue cerrada formalmente para evitar conflictos de intereses cuando Caputo asumió en el Palacio de Hacienda, sus principales colaboradores, como Martín Vauthier, Federico Furiase y Felipe Berón, fueron colocados en posiciones estratégicas dentro del gobierno. Así, Anker simplemente cambió de piel, pero su influencia se mantuvo intacta.
La construcción del Paseo Gigena no estuvo exenta de problemas. La obra fue realizada sobre caños maestros de AySA que proveen de agua potable a 500.000 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las advertencias de la empresa pública sobre los riesgos de construir sobre esos caños, la obra continuó, priorizando el interés de los inversores por sobre la seguridad de los habitantes. Según expertos, si llegara a ocurrir un problema con las cañerías, el edificio podría sufrir daños importantes, poniendo en riesgo la integridad de las personas que transiten el lugar.
El acuerdo de concesión del predio también ha generado controversia. La gestión del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, decidió no cobrar el canon a la concesionaria del Paseo Gigena durante los próximos años. Esto significa una exención millonaria a favor de BSD Investment, la empresa desarrolladora que cuenta entre sus directores a Pablo Ludmer y Matías Hodara. La justificación para esta medida se ha centrado en la idea de dar continuidad a lo acordado por la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta, pero la realidad es que la exención perjudica las arcas de la Ciudad y beneficia claramente a los inversores privados.
Luis Caputo, uno de los ministros más cercanos al presidente Javier Milei, ha sido clave en el desarrollo del Paseo Gigena. Sus gestiones ante el gobierno porteño permitieron destrabar la habilitación del complejo, a pesar del “error garrafal de construcción” que ponía en riesgo la seguridad de la obra. Caputo y su equipo también han estado negociando con la gestión de Jorge Macri la deuda de más de 600 mil millones de pesos que la Nación tiene con la Ciudad por la coparticipación, un conflicto heredado de la administración de Alberto Fernández. En este contexto, las obras y las negociaciones por el Paseo Gigena parecen haber avanzado “viento en popa”, aunque para los ciudadanos de Buenos Aires el resultado sea un claro perjuicio.
La reciente designación de Martín Maccarone como secretario de Estado también debe ser analizada en este marco. Maccarone, quien trabajó en la construcción del Paseo Gigena desde la empresa Coinsa, tiene ahora el control de áreas fundamentales como el transporte, el hábitat, la vivienda y las obras públicas. Su nombramiento llega después de que Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura, fuera desplazado tras una purga en el centro del poder nacional, orquestada por el propio Caputo y el ex jefe de gabinete, Nicolás Posse.
En definitiva, el caso del Paseo Gigena es un ejemplo más de cómo el poder público y los intereses privados se entremezclan, favoreciendo a unos pocos en detrimento del bienestar de la comunidad. La construcción faraónica y la serie de acuerdos que eximen a los inversores de pagar por el uso de un espacio público reflejan una preocupante falta de transparencia y una indiferencia hacia las necesidades reales de los ciudadanos de Buenos Aires.
La ética, según Aristóteles, es la búsqueda del bien común y la justicia; sin embargo, en el caso del Paseo Gigena parece que estos principios han sido olvidados. En lugar de actuar en favor del bien colectivo, las decisiones han privilegiado a quienes tienen el poder económico. Esta situación nos lleva a cuestionar la moralidad de las acciones públicas y a preguntarnos cuándo volverán a tener a la comunidad como prioridad.
En términos económicos, el caso también resulta revelador. La economía clásica sostiene que los recursos deben asignarse de manera eficiente para maximizar el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el Paseo Gigena y sus acuerdos muestran cómo los recursos públicos pueden ser utilizados para enriquecer a unos pocos, en lugar de generar beneficios colectivos. La pregunta sigue siendo: ¿quién se beneficia realmente de estas decisiones y cuándo empezarán a priorizarse las necesidades de todos los vecinos de Buenos Aires?
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